sábado, 24 octubre 2020 |  Santa Fe

Traferri presentó un proyecto para proteger la industria porcina en Santa Fe

El senador presentó un proyecto que intenta prohibir la importación de productos y subproductos provenientes de países que no estén libres de Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino y de lugares donde se utilice ractopamina.

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El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri presentó este jueves en el Senado un proyecto de ley que procura “garantizar la sustentabilidad de la producción porcina en la provincia de Santa Fe, preservando el estatus sanitario, evitando la introducción y propagación en la provincia de enfermedades exóticas”. La iniciativa, que declara de interés provincial la producción porcina, prohíbe el ingreso a territorio santafesino de “productos, subproductos y derivados cárnicos porcinos provenientes de países no libres de Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS)” y de país donde está autorizado el uso de ractopamina.

“Santa Fe es la tercera provincia productora de porcinos en el país, una actividad muy arraigada en la provincia y que en muchos casos ya tiene hasta tres generaciones de productores que generan valor agregado, trabajo y arraigo a pequeñas superficies de campo”, argumentó Traferri en su iniciativa, que describe que en territorio santafesino el stock de cabezas de ganada fue de 813.621, según datos del Senada. El legislador sanlorencino reseñó además que “existe también una industria faenadora, despostadora y fábricas de chacinados” y que la “faena total en la provincia en el 2019 fue de 1.248.315 cabezas”.

El Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS) es una enfermedad viral de amplia distribución mundial que afecta a la producción porcina. En la Argentina es una enfermedad exótica, ya que nunca fue detectada la presencia del virus ni de animales enfermos. Desde el año 2010, el Senasa ejecuta un programa de vigilancia epidemiológica que hasta el momento arrojó en su totalidad resultados negativos. “En consecuencia, nuestro país se ubica en una posición sanitaria privilegiada como país productor de cerdos, siendo solo 3 países más los reconocidos como libres, Australia, Nueva Zelanda y Finlandia”, explica el proyecto.

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Traferri advierte que “resulta fundamental no asumir riesgos innecesarios y que todos los actores de la cadena porcina sostengan su colaboración y compromiso en la prevención de la enfermedad, mejorando medidas de bioseguridad de sus granjas y notificando de manera inmediata casos sospechosos de la enfermedad”, que tiene la mayor cantidad de casos en Estados Unidos, donde apareció. Es por ello que su proyecto establece la prohibición de importar productos y subproductos porcinos provenientes de países no libres de PRRS.

Respecto de la ractopamina, el senador aclaró que, “aunque en nuestro país se encuentra no reglamentado el uso para su aplicación en la producción porcina”, esta droga promotora de crecimiento “es ampliamente utilizada en la producción de carne de cerdo en Estados Unidos, Canadá, México y otros países”. Pero “no está permitida en más de 100 países incluyendo China, Rusia y los países de la Unión Europea”. Además de representar una competencia desleal, ya que implica un mayor engorda a menor costo, la posibilidad de introducir productos con esta droga podría traer graves consecuencias a la industria porcina de la provincia, ya que se perderían numerosos mercados.

Además de la prohibición de ingresar los productos porcinos de países no libres de PRRS y que pudieran contener ractopamina, el proyecto del senador del NES establecer que “la carne porcina importada de otros países que ingrese a la provincia deberá ser comercializada y ofrecida en venta al público en el estado de conservación en el que provenga desde su país de origen”. Y que deberá exhibir en etiqueta y góndola “en forma clara y ostensible el país de origen en idioma nacional, quedando prohibido consignar palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pudiera inducir a error, engaño o confusión respecto del mismo.

Finalmente, se explicita que. para que todo ello se lleve a cabo, “la autoridad de aplicación provincial deberá instrumentar los sistemas de control necesarios y las sanciones emergentes del incumplimiento de la presente, en concordancia con las normas legales y reglamentarias vigentes”.

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