El presidente Javier MIlei finalmente avanzó con el veto a la Ley de Financiamiento universitario sancionada por el congreso nacional el pasado 12 de septiembre. El decreto 879/2024 fue difundido luego de la movilización masiva en defensa de la universidad y contó con el acompañamiento de Guillermo Francos - Sandra Pettovello - Luis Andrés Caputo - E/E Luis Andres Caputo - Diana Mondino - Patricia Bullrich - Mario Iván Lugones - Federico Adolfo Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona.

El gobierno ya había adelantado su posición sobre el incremento de partidas para el sector universitario y justificó que el veto presidencial es presentado como una facultad prevista en la Constitución Nacional y como una herramienta legítima para controlar la legalidad, razonabilidad y viabilidad de las leyes aprobadas por el Congreso.

Asimismo, consideró que la Ley de Financiamiento universitario “no tiene como objetivo real garantizar la financiación de las universidades, sino que busca dañar políticamente al gobierno. Además, argumenta que existen problemas técnicos que imposibilitarían una implementación ordenada de la ley”.

En ese sentido, detalló que “El proyecto de ley no contempla el impacto fiscal ni determina la fuente de financiamiento necesaria para implementar las medidas que se proponen, violando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige que cualquier gasto no previsto debe especificar cómo se financiará”.

El Poder Ejecutivo argumenta que es necesario garantizar la estabilidad fiscal y “no comprometer el futuro del país mediante gastos descontrolados que excedan los ingresos”. Afirma que la prioridad es restaurar el orden de las cuentas públicas y asegurar “un crecimiento sostenible”.

Además, sostiene que “La implementación del proyecto de ley implicaría un gasto adicional significativo, que se estima entre 811 mil millones de pesos y 1.5 billones de pesos. Estos costos, sumados a las obligaciones ya comprometidas, pondrían en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas”.

En cuanto a las paritarias docentes, Milei asegura que “El proyecto crea un privilegio para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales en comparación con el resto de la Administración Pública Nacional. Los incrementos salariales propuestos superarían los ya otorgados al personal público en general, violando principios de equidad”.