El socialismo presentó una propuesta de reforma integral con el objetivo de avanzar hacia “una justicia igualitaria, accesible y transparente, orientada a servir a toda la ciudadanía sin distinción”. En un contexto en el que, según se valoró desde la fuerza, el Poder Judicial “enfrenta un nivel creciente de desconfianza”, los legisladores propusieron una serie cambios para “acercarlo a la sociedad, hacerlo más eficiente y dotarlo de una legitimidad democrática sólida”.

Con la firma de todas las diputadas y diputados del bloque, el proyecto central está referido a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La iniciativa lleva la composición de seis a siete miembros, fija la edad límite para el cargo, detalla el mecanismo para la renovación y establece pautas para dotar de mayor transparencia al funcionamiento del tribunal. Se complementa con otras iniciativas vinculadas a la materia, como la que propone modificaciones al régimen disciplinario para fiscales y defensores públicos, la creación de fiscalías ambientales, y la declaración para la implementación del Código Procesal Laboral.

El diputado provincial Joaquín Blanco enmarcó la presentación en “un proceso de construcción de ideas para acompañar el trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y de todo el gobierno de Unidos”, durante una conferencia de prensa de la que participaron la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, el exgobernador y actual diputado Antonio Bonfatti; y sus pares Lionella Cattalini, Rubén Galassi, Pablo Farías y Gisel Mahmud.

Composición y renovación de la Corte

El proyecto presentado establece una composición con siete ministros/as y un/a procurador/a general, “debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar las diversas especialidades del derecho y procedencia regional”.

“La Corte Suprema gobierna el Poder Judicial por mucho tiempo y, por lo tanto, debe tener una mirada estratégica sobre cómo hacerlo y cómo acercar la justicia a la gente”, afirmó Cattalini y añadió: “Para generar confianza en la ciudadanía es necesario contar con una justicia que sea abierta, transparente, que ponga en el centro a las personas, que se base en la oralidad y las audiencias públicas como herramientas fundamentales. Para eso se tienen que hacer reformas como las que estamos presentando hoy”.



La iniciativa también plantea la creación de una “Plataforma de Información Judicial” con el objeto de difundir en forma abierta y pública todas las decisiones judiciales de diversas instancias y fueros del Poder Judicial de la provincia, de manera de facilitar la consulta de fallos, documentación jurídica, doctrina y demás información relevante del quehacer judicial. Además, a la hora de publicar en el portal web del Poder Judicial el informe de gestión correspondiente al año judicial, especifica que “debe incluir información administrativa, contable, financiera y presupuestaria” del mismo.

Cattalini consideró que “la Corte y todo el Poder Judicial deben rendir cuentas de los gastos, las inversiones, el presupuesto con que cuentan, algo que hoy no se hace. También debe establecerse por ley la presentación de declaraciones juradas hoy se hacen a voluntad. A la vez, debe publicarse toda la información judicial referida a sentencias y que la Corte pueda convocar a audiencias públicas, algo que tampoco sucede en la actualidad. Son cambios legislativos que impulsamos para que la justicia sea más ágil, más transparente y, sobre todo, brinde información pública y de calidad para que la gente pueda acceder y pueda sentirse parte”, sostuvo.

Farías, por su parte, sostuvo que “agregar un miembro a la Corte va a dinamizar la resolución de mayorías en la toma de decisiones”, a la vez que dotarla de “una estructura administrativa que ayude en el gobierno del Poder Judicial permitirá un mejor funcionamiento”. En tal sentido, el proyecto refuerza las dos secretarías actuales con la asistencia de “al menos dos prosecretarías, una con asiento en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario”.

La iniciativa deja en claro que los ministros “cesan automáticamente en sus funciones” al alcanzar los setenta y cinco años, y que dicho cese “no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad”.