El gobierno de Javier Milei publicará este lunes el decreto que oficializa la disolución de la AGP, encargada de la administración de la hidrovía Paraná en conjunto con las provincias litoraleñas, y la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Además, se procederá a la liquidación de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU), como parte del objetivo de abrir las aguas nacionales a operadores extranjeros.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la estructura actual de la Subsecretaría genera una duplicación de esfuerzos y recursos, impactando negativamente en la eficiencia. La medida se presenta como un intento de optimizar recursos, destinándolos a sectores considerados prioritarios.

Sin embargo, con esta decisión también se deja sin efecto la Ley 27.419, que impulsaba el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, promovía la integración regional fluvial y marítima, y buscaba fomentar empleo argentino en el sector, además de incentivar la construcción de buques en el país.

La iniciativa está acompañada por una reforma de la Ley de Cabotaje Nacional, que permitirá el ingreso de banderas extranjeras, supuestamente para abaratar costos logísticos. Sin embargo, esta apertura podría derivar en la precarización laboral, eliminación de convenios colectivos y el uso de tripulación extranjera.

El decreto, cuya publicación se espera para la próxima semana en el Boletín Oficial, también anula el decreto 427/2021, que ampliaba las competencias de la AGP, otorgándole el control de la Vía Navegable Troncal, clave para el comercio internacional. La disolución de la AGP también genera tensiones con los gobernadores de las provincias litoraleñas, quienes quedan desplazados en medio de la multimillonaria y controvertida licitación del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay.