Una investigación iniciada en noviembre de 2023 reveló un grave caso de explotación laboral en la localidad de Joaquín V. González, al sur de Salta. Según informó el sitio fiscales.gob.ar, durante una inspección realizada en la finca "Suri Blanco", las autoridades detectaron que un grupo de trabajadores rurales vivía y trabajaba en condiciones totalmente precarias.

La intervención estuvo a cargo de la Policía local, la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Gabinete de Asistencia a la Víctima. En el lugar constataron que los empleados dormían hacinados en un tráiler con cuchetas, sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de higiene. Además, debían realizar tareas de desmonte utilizando sus propias herramientas, ya que los empleadores no les proveían los elementos básicos de trabajo.

Como resultado de las actuaciones judiciales, diez trabajadores que fueron víctimas de esta situación recibirán una reparación económica de 15 millones de pesos, en un intento por resarcir el daño sufrido tras haber sido sometidos a condiciones laborales inhumanas.

El empleador, además, se encargaba de buscarlos desde la localidad de Las Lajitas para llevarlos hasta el domicilio, lugar en el que permanecían durante 15 días, y luego los trasladaba para su regreso.

En este contexto, el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formularon los cargos en contra del acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, cuya pena va desde cuatro hasta ocho años de cárcel.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se arribó a un acuerdo para que los afectados perciban una remuneración de $1.500.00 cada uno (un total de 15 millones de pesos) "para reparar los daños" causados a la integridad física y psicológica.

El representante legal de los obreros calificó de "superadora" a la resolución dictaminada por Toranzos y que fue homologada por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio.