La resolución reglamenta lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que había ordenado la disolución del fondo al considerar que representaba “una pesada carga para las cuentas públicas” y presentaba dificultades de fiscalización. En los considerandos también se sostiene que la financiación de viviendas es una actividad propia del sistema bancario, por lo que no se justificaría la intervención estatal directa en este campo.

Según se informó, la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) realizó una auditoría en la que se detectaron demoras en la entrega de viviendas y locales, mayores gastos de mantenimiento, incumplimientos de convenios —como el celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional—, reclamos por falta de condiciones de habitabilidad y falta de actualización de los manuales de procedimiento. El informe concluye que la gestión del programa “no ha sido transparente, ni eficiente, ni eficaz”.

La disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 de emergencia pública, que habilita al Poder Ejecutivo a reestructurar fondos fiduciarios con el objetivo de transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.

A pesar de la disolución del fondo, los créditos ya otorgados seguirán vigentes y su gestión pasará a manos del Banco Hipotecario bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato fiduciario original de 2012. Los fondos recaudados por el cobro de cuotas serán transferidos al Tesoro Nacional, luego de deducir los gastos de gestión.

Además, el Banco Hipotecario podrá vender carteras de créditos cuya cobrabilidad sea inferior al 40%, y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será la encargada de supervisar estas acciones.

El Ministerio de Economía también quedará a cargo de la administración de los bienes muebles e inmuebles vinculados al fondo, pudiendo acordar su traspaso a provincias, municipios u otros organismos estatales. Los inmuebles no afectados a obras vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Por último, las causas judiciales originadas en el marco del Pro.Cre.Ar disuelto serán atendidas por el área jurídica designada por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.