Sin embargo, la decisión generó rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Especialistas en fauna silvestre y organizaciones ecologistas denunciaron que no se realizaron evaluaciones médicas adecuadas y que resulta imposible determinar desde el aire si un koala está en estado irreversible. Además, señalaron la falta de controles éticos para garantizar que las hembras abatidas no llevaran crías en sus bolsas marsupiales.

“El operativo careció de transparencia y de protocolos públicos”, advirtió Jess Robertson, presidenta de la Alianza por los Koalas, quien remarcó que este accionar sienta un precedente preocupante para el manejo de fauna en escenarios de emergencia. Por su parte, legisladores locales pidieron informes sobre las condiciones de ejecución y las alternativas desestimadas antes de recurrir a la matanza.

La situación se da en un contexto crítico para la especie, declarada oficialmente en peligro de extinción en 2022 en distintas regiones australianas.