Desde la Intersindical denuncian que la condena a Cristina Fernández se basa en irregularidades procesales y responde a un claro trasfondo político, ya que su definición coincide con el momento en que se debate una posible candidatura de la ex mandataria. “Solo puede interpretarse como un intento de proscripción”, señala el comunicado, y subraya que las decisiones del máximo tribunal argentino se alinean con los intereses del poder económico y mediático, más que con la voluntad popular.

La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó esta semana los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández en la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Con este fallo, se ratifica la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El documento gremial expresa que “la democracia está siendo vulnerada desde los estrados judiciales”.

El comunicado también dedica un párrafo a la causa por el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta ocurrido en septiembre de 2022, al denunciar la paralización de la investigación judicial. “La justicia no es lenta. No es justa”, remarcan los gremios, que califican el atentado como un hecho de extrema gravedad institucional que permanece impune. “Le gatillaron un arma en la cabeza mientras dormía y aún no hay responsables”, advierten.

Finalmente, la Intersindical de Rosario convocó a construir un “Frente Democrático amplio” que defienda el estado de derecho, la integridad de quienes representan al campo popular y la soberanía del voto ciudadano. “El pueblo argentino está con la democracia. Es por eso que el pueblo está con Cristina”, concluye el texto firmado por la CGT Rosario, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Para el movimiento obrero, la voluntad popular debe prevalecer por sobre los intereses corporativos que intentan condicionar el proceso político y judicial del país.