Mientras la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, anunció un nuevo paro nacional para este viernes 4 de julio en reclamo por un aumento salarial del 1,3%, los trabajadores judiciales de la Provincia de Santa Fe no se sumarán a la medida, aunque expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.
En la región la actividad en los juzgados se mantendrá con normalidad, ya que el conflicto afecta exclusivamente a los trabajadores del ámbito federal y no a los provinciales. Sin embargo, desde el sector judicial santafesino reconocen que existe una "fuerte inquietud" por la situación salarial que atraviesa el sector.
“Nosotros estamos bajo la ley de enganche con el fiscal de cámara de la Nación, lo que significa que cada aumento otorgado al Poder Judicial nacional impacta directamente en nuestros sueldos”, explicaron trabajadores del fuero provincial en diálogo con este medio.
El problema, aseguran, es que los incrementos otorgados vienen por debajo de la inflación: el último fue del 1,3% para mayo, cuando el índice de inflación de abril fue del 1,5%. Así se repite mes a mes, generando una brecha que ya acumula casi un 30% de pérdida del poder adquisitivo.
“Es por eso que hay conflictos internos. El sindicato que representa a los judiciales de la provincia debería adherir a los reclamos y paros de los trabajadores federales, ya que el impacto es directo para nosotros”, advirtieron.
La preocupación no solo se limita al presente. Según trascendió, muchos trabajadores están analizando desafiliarse del sindicato provincial si no hay una reacción clara frente a la pérdida salarial sostenida y la pasividad por parte de la dirigencia gremial de los judiciales de la provincia de santa fe encabezada por el secretario Gral Jorge Perlo.
Mientras tanto, la UEJN continúa con su plan de lucha a nivel nacional, en rechazo a lo que considera una política de ajuste sobre los salarios del Poder Judicial. El gremio denuncia una caída del 29,5% en el poder adquisitivo desde que asumió el gobierno de Javier Milei, y exige no solo una recomposición salarial urgente, sino también mayor presupuesto para el sistema judicial.