Representantes sindicales y del sector empresario del ámbito marítimo mantuvieron este martes una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación en Rosario, donde manifestaron su preocupación por la creciente presencia de embarcaciones que operan de manera irregular en el servicio de amarre.

El encuentro se desarrolló en la sede local del organismo laboral y contó con la participación de delegados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, y la Cámara Empresaria de Servicios de Lanchas de Amarre y Afines (CESLAA).

Durante la audiencia, las partes coincidieron en señalar que la proliferación de lanchas no habilitadas genera un escenario de competencia desleal que afecta tanto a trabajadores como a empresas formalmente constituidas, además de representar un riesgo en materia de seguridad operativa.

Desde el sector sindical indicaron que la problemática ya fue denunciada en expedientes administrativos previos, en los cuales se convocaron instancias de diálogo para avanzar en la regularización de la actividad. En ese marco, se mencionaron actuaciones en curso que serán puestas a disposición de la cámara empresaria para su seguimiento.

Como resultado del encuentro, los participantes acordaron continuar con las gestiones ante la delegación Rosario de la Secretaría de Trabajo con el objetivo de conformar un mecanismo de control y monitoreo que permita detectar irregularidades y avanzar en la formalización del sector.

Asimismo, se fijó una nueva audiencia para el próximo 4 de mayo, donde se espera evaluar avances y definir posibles medidas conjuntas.

La problemática de las embarcaciones irregulares en el cordón portuario del Gran Rosario viene siendo señalada desde hace tiempo por distintos actores del sector, que reclaman mayores controles para garantizar condiciones equitativas de trabajo y seguridad en una actividad clave para la operatoria portuaria de la región.

En este caso, el consenso entre entidades gremiales y las empresas que prestan los servicios es contundente y no hay excepciones para quienes buscan bajar costos eludiendo responsabilidades legales.