En medio de una profunda crisis económica, el titular de la empresa de remises “Nueva Esperanza” de Puerto General San Martín echó a sus cinco choferes luego de que hicieran pedido por una mejora salarial. Las cinco familias se encuentran en desesperanza al encontrarse sin sustento luego de ser despedidos sin causa alguna.

Walter, el empleado más viejo de la firma, contó a 11Noticias que el día 24 de junio pidió al dueño una mejora en el salario porque se estaban realizando turnos de 12 horas por las que cobraban alrededor de $12.000 y $17000 la jornada y que en los últimos días se había reducido a $9000 el día.

El pedido del trabajador fue argumento suficiente para despedirlo de forma arbitraria e injusta, lo que provocó el reclamo del resto de sus compañeros que sufrieron el mismo destino y fueron apercibidos con la negativa y la desvinculación.

En su relato, Walter cuenta que “fue un momento de impotencia porque no pedimos más que una mejora en el salario, no era una locura. La empresa viene acomodando sus números con los clientes y de esos aumentos no vimos ninguna mejora. Además, tenemos un recibo de miseria que no nos sirve ni siquiera para pedir fiado en el almacén”.

Los trabajadores detallaron que esta situación se viene acarreando desde hace mucho tiempo y las familias ya no encuentran forma de salir adelante, pero necesitan de la fuente laboral. La presión de la economía familiar los impulsó, con temor y sabiendo lo que se venía, buscar una mejora salarial mediante el diálogo con el empresario; y quedaron en la calle.

“Solo a mí me enviaron el telegrama, al resto de los compañeros no le enviaron nada. Ni siquiera me reconocen los 11 años de trabajar para la empresa, de cuidarle los coches, de ser un empleado fiel, me echó como un perro”, expresó Walter.

El conductor denunció la “existencia de complicidad sindical” y se respalda con en el recibo de sueldo. El documento está dentro de un CCT de la cuestionada Federación Argentina de Remises (FARem) con asiento en el partido de Quilmes, Buenos Aires. El chofer detalló que “la federación, en conjunto con la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina (CRARA), una escribana, un abogado y el titular de la empresa nos convocaron a los trabajadores para firmar un acuerdo en el que se expresaba un supuesto incumplimiento al trabajo”.

“Fue humillatorio y una canallada que obviamente no firmamos”, acotó.

Los trabajadores realizaron reuniones con las empresas clientes de la remisería y según su testimonio, obtuvieron la solidaridad de las mismas, aunque no pueden intervenir en la situación. En cuanto al ámbito de trabajo, el Ministerio local citó a audiencia al titular de la firma y en todas las ocasiones no concurrió a la autoridad ministerial.