El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, conjuntamente con los cuerpos de delegados de las empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país, denunciamos el grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad. Y advertimos que si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos, que fueron conquistados en muchos años de lucha.

Estas empresas, en violación a la legislación laboral, decidieron incumplir con los convenios colectivos aceiteros y los acuerdos paritarios. Incluso, en algunos casos, despidieron trabajadores discriminatoriamente por el hecho de reclamar el pago de sus salarios conforme a derecho.

Esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas en la que se despidieron trabajadores. Parece que, como ocurrió en diferentes dictaduras, buscan solucionar los conflictos colectivos de trabajo con el uso de las fuerzas de seguridad nacionales, que actúan como mercenarios al servicio de los poderosos.

Así se han sucedido los siguientes hechos en estas empresas:

En Explora SA, de Puerto San Martín, despidieron cuatro trabajadores falseando causas. La decisión patronal es una represalia por la retención de tareas que llevaba el conjunto de los trabajadores para reclamar por la falta de pago de la primera cuota de la gratificación extraordinaria. Ahora el reclamo salarial se convirtió en una huelga hasta tanto se efectivice la reincorporación de los despedidos y se abonen los salarios conforme derecho.

Las empresas Vicentín y Renopack, en todos sus establecimientos aceiteros, se encuentran transitando una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque también decidió no pagar el bono anual, lo que provocó una medida de retención de tareas. Este ilegal accionar patronal se da en el marco del inicio de un insólito Procedimiento Preventivo de Crisis.

El caso que más trascendió es el de Dánica en Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, porque la patronal decidió cerrar la planta en diciembre de 2024 despidiendo a la totalidad de los trabajadores, pero se logró la reapertura del sector de envasado con 40 trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario.

Todos estos graves hechos de incumplimiento patronal, se suman conflictos más largos como el que viene desarrollándose en Bahía Blanca con Viterra -hoy propiedad de Bunge- en los que sistemáticamente se pretenden desconocer los derechos laborales, se agravan con la reciente militarización con el uso de la Prefectura Nacional y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas.

Por todo esto, es que los sindicatos aceiteros y los trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país advertimos que, en caso de continuar estos hechos que implican un grosero avasallamiento de los derechos laborales, donde no hay garantía para los aceiteros de trabajar pacíficamente, que buscan desconocer y limitar el ejercicio del constitucional derecho a huelga, afectando también los derechos de los gremios como representantes de los trabajadores, daremos inicio a una huelga nacional aceitera.

Hacemos directamente responsables a las empresas de la actividad y al gobierno nacional, que pretende criminalizar los conflictos laborales, por la integridad de nuestros compañeros y compañeras aceiteras que ejercen el derecho de huelga, inclusive ante las constantes provocaciones de las fuerzas de seguridad nacional que se encuentran al servicio de las patronales, mientras el ministro de Economía las beneficia con una rebaja de las retenciones.