Fernando Bassán ingresó formalmente el proyecto de ordenanza al Concejo Municipal de San Lorenzo para establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos iniciales y periódicos al personal político del Departamento Ejecutivo y del cuerpo legislativo local.

La iniciativa fue presentada en los últimos días por el referente del Partido Socialista en la ciudad nuevamente, luego de dialogar durante el año pasado con los distintos ediles y aggiornar el proyecto. El texto propone que la medida alcance al intendente, secretarios municipales, concejales en ejercicio, concejales electos antes de asumir y asesores políticos que cumplan funciones en el ámbito municipal o legislativo.

Según el articulado, los exámenes deberán incluir análisis de sangre, orina y cabello para detectar sustancias psicoactivas y estupefacientes —como marihuana, cocaína, anfetaminas y opiáceos, entre otras— y realizarse de manera obligatoria al momento de asumir el cargo y luego cada seis meses mientras dure la función.

La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Salud Municipal, que deberá establecer el protocolo técnico para garantizar precisión y confiabilidad en los resultados. El proyecto contempla la firma de un convenio con la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que actuaría como organismo de contralor y veedor del proceso.

El texto también prevé la creación de un sistema seguro para el almacenamiento de datos, la conformación de un comité supervisor y la garantía de confidencialidad de los resultados, que serían comunicados en sobre cerrado al funcionario evaluado, al Departamento Ejecutivo y al Concejo.

En caso de resultado positivo confirmado por contraprueba, el funcionario deberá iniciar un tratamiento médico y psicológico acreditado ante la Secretaría de Salud dentro de los diez días hábiles. Durante ese período quedaría suspendido con goce de haberes por un plazo máximo de cuatro meses.

Si hubiera incumplimiento del tratamiento o reincidencia, se promoverían las actuaciones correspondientes que podrían derivar en suspensión definitiva o remoción, de acuerdo con la normativa vigente. Ante una eventual vacancia definitiva, la cobertura del cargo se regiría por la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Santa Fe (Ley N° 2756) y el régimen electoral aplicable.