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miércoles, 25 marzo 2026 | Regionales

Se licitó la puesta en valor de la Quinta de Funes como Espacio de la Memoria

El gobierno provincial abrió los sobres para transformar el ex centro clandestino ubicado en Funes en un sitio de memoria. La obra tiene un presupuesto de más de $461 millones y un plazo de ejecución de 150 días.
Se licitó la puesta en valor de la Quinta de Funes como Espacio de la Memoria
El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio un nuevo paso en su política de Memoria, Verdad y Justicia al realizar la apertura de sobres de la licitación para la puesta en valor de la Quinta de Funes, un predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

El acto fue encabezado por el secretario de Derechos Humanos provincial, Emilio Jatón, junto al titular de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone. “No es un día más para los Derechos Humanos. Lo que estamos haciendo puede resultar contracíclico, pero define la forma en que entendemos esta política pública en Santa Fe”, expresó Jatón.

El funcionario remarcó además el sentido de la iniciativa: “La recuperación de estos espacios no responde a caprichos ideológicos ni a lujos culturales, sino que son herramientas fundamentales para la construcción plena de la democracia”.

El proyecto prevé una inversión oficial de $461.143.245,26 y un plazo de ejecución de 150 días. Entre las obras contempladas se incluyen el cerramiento perimetral, torres de iluminación, sanitarios, oficinas, depósitos, mejoras en los accesos y la refuncionalización del galpón existente con un nuevo piso de hormigón.

Según explicó Leone, la intervención busca garantizar condiciones de uso permanente sin alterar el valor histórico del sitio. “La idea es realzar el Salón de Usos Múltiples, mejorar los servicios y asegurar que el espacio pueda ser utilizado de manera continua, incluso durante el desarrollo de la obra”, indicó.

La Quinta de Funes integró el circuito represivo de la subzona 21, bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, y fue escenario de secuestros ilegales entre septiembre de 1977 y enero de 1978. En 2016 fue señalizada como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y posteriormente expropiada por la provincia para su preservación y uso público.

En el proceso licitatorio se presentaron ocho ofertas. La propuesta más baja fue la de Deprop S.R.L., con $426.853.978,72, mientras que otras empresas como PH Constructora S.R.L. y Al Servicio S.R.L. también cotizaron por debajo del presupuesto oficial. El resto de las ofertas se ubicaron por encima de ese monto, configurando un escenario competitivo que ahora deberá ser evaluado por las autoridades.

La iniciativa se inscribe en una política pública orientada a preservar sitios emblemáticos del terrorismo de Estado y promover la construcción de memoria colectiva en la región.

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