La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó que a partir de este 1° de junio aumentará nuevamente el valor de las tarifas para los usuarios, producto del nuevo precio estacional de la energía mayorista que prestan las distribuidoras eléctricas establecido por el gobierno nacional.

En consecuencia, el traslado de estas medidas implicará un incremento en la tarifa para los usuarios residenciales de la EPE del orden del 7,6% promedio y para los usuarios no residenciales, del 11% promedio.

A modo de ejemplo, un usuario residencial que se ubica en el segmento mayoritario de consumo, que demanda en 60 días 500 kWh, abonará ahora $2.617 por mes, es decir, $185 de actualización, según detallaron desde la EPE. En tanto, un comercio con un consumo bimestral de 1.600 kWh, abonará por mes un monto de $11.185, lo que significa un adicional de $1.050.

Cabe acotar que la EPE cuenta con 1.150.000 de usuarios residenciales, 220.000 de ellos acceden a tarifas subsidiadas, tarifas sociales, tarifa jubilados y electrodependientes, entre otros.

Este es el segundo aumento de la tarifa de energía eléctrica en lo que va del año. El anterior, de un 25%, fue desdoblado en dos tramos, uno en febrero y otro en abril.

Aumento a las distribuidoras

De acuerdo a lo analizado en la Audiencia Pública del 11 de mayo pasado, la Secretaría de Energía de la Nación informó que se deberán incrementar a las distribuidoras eléctricas, 26,1% el valor del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para el sector residencial y 36,6% para el sector no residencial, el cual incluye a los Grandes Usuarios con demanda menor a trescientos kilovatios (kW), a partir del 1º de junio de 2022.

Dentro del segmento de Grandes Usuarios, la Secretaría de Energía de la Nación había ya actualizado mediante resolución n° 305 el precio estacional, a partir de 1° de mayo a los GUDI (Grandes Usuarios que contratan más de 300 kW). La medida, que alcanza a 450 Grandes Usuarios en la Provincia de Santa Fe, incrementará en promedio la tarifa para ese segmento en un 52,7%.

En la normativa, el Gobierno Nacional establece que es política en materia tarifaria de los servicios públicos, que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario, representen proporciones progresivamente menores.