? Argentina en Emergencia: 1 femicidio cada 36 hs.

El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá presenta su informe del 1/1 29/9:

Las cifras confirman el recrudecimiento de la violencia machista en un país sin políticas de prevención

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— MuMaLá (@MuMaLaNacional) September 30, 2025

De los femicidios contabilizados, 141 fueron directos, 16 vinculados, 16 relacionados al narcotráfico o crimen organizado, 7 catalogados como “suicidio femicida”, 1 lesbicidio y 1 trans/travesticidio.

La edad promedio de los femicidas es de 38 años. El 17% asesinó a una tercera persona en el hecho, mientras que el 15% se suicidó y un 5% lo intentó. Un dato alarmante es que el 10% de los femicidas pertenecía a fuerzas de seguridad. Además, en el 32% de los casos convivían con la víctima al momento de cometer el crimen. Por otra parte, el 7,5% de las víctimas estuvo desaparecida antes de hallarse su cuerpo.

La edad promedio de las víctimas es de 41 años. El 14% había denunciado previamente a su agresor, mientras que en el 73% de los casos el femicidio fue cometido por una ex pareja o un familiar. En cuanto a la modalidad, el 32% de las víctimas fue asesinada con arma blanca y el 70% en su propia vivienda.

Un dato estremecedor es que 120 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de estos femicidios.

Las cifras muestran que la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, con 90 femicidios registrados. Le siguen Santa Fe con 18, Córdoba con 10, Chaco con 8 y Mendoza con otros 8 hechos, lo que evidencia la extensión del problema en distintas regiones del país.

“Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo y Morena Verdi (20) son algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia de género estructural. Los territorios más vulnerables son escenario de captación de víctimas y de ataques armados, donde mujeres, niñas, adolescentes, travestis-trans y lesbianas están expuestas a riesgos específicos: vínculos forzados con actores criminales, precariedad de vida, presencia de grupos armados y circulación de armas legales e ilegales”, indicaron desde Mumalá.

Gabriela Sosa directora ejecutiva, advirtió: “Este es el impacto directo de los recortes, el vaciamiento de la asistencia estatal y la falta de control sobre dinero y armas que promueve el gobierno de Javier Milei. Sólo con políticas integrales de género y seguridad, articuladas entre Nación, provincias y municipios, podremos revertir esta dramática realidad”.