La iniciativa establece que el relevamiento estará a cargo del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y apunta a construir información específica sobre sectores laborales que hoy no son reflejados con precisión por las estadísticas tradicionales.

Durante su exposición en el recinto, De Ponti sostuvo que la informalidad laboral “hoy alcanza al 43 por ciento de la población económicamente activa” y remarcó que ya no se trata de “un dato coyuntural o una situación de emergencia”, sino de “un rasgo estructural del mercado de trabajo en Argentina y en el mundo”.

La legisladora advirtió que quienes trabajan en la informalidad lo hacen “sin derechos laborales, sin aportes, sin seguridad social, con ingresos más bajos y más inestables y, sobre todo, sin previsibilidad y sin la posibilidad de proyectar un futuro”.

“Rara vez la informalidad responde a una elección individual. En general tiene que ver con las condiciones laborales a las que esas personas pueden acceder”, afirmó.

El proyecto busca abarcar un universo amplio y heterogéneo de trabajadores, desde actividades históricamente vinculadas a la economía popular y la agricultura familiar hasta nuevas modalidades asociadas a plataformas digitales y aplicaciones.

En ese sentido, De Ponti describió las consecuencias concretas de la precarización laboral: “El día que se enferman no generan ingresos, cuando tienen un hijo no tienen licencias, si se accidentan no tienen ART y cuando la vejez no les permita trabajar no van a tener una jubilación”.

La diputada también señaló que la precariedad laboral impacta sobre otros aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la salud, la educación, la planificación familiar o la posibilidad de acceder a créditos.

 “Lo primero que necesitamos tener es un diagnóstico, porque el Estado no puede elaborar políticas públicas para un mundo que desconoce”, sostuvo al defender la necesidad de contar con estadísticas oficiales y detalladas sobre el sector.

La propuesta prevé relevamientos semestrales y la publicación de informes y datos abiertos sobre ingresos, tipo de actividad, carga horaria, ubicación geográfica, género, edad, nivel educativo y otras variables vinculadas al empleo informal. De aprobarse definitivamente, Santa Fe se convertiría en una de las primeras provincias del país en desarrollar un sistema propio de indicadores sobre informalidad laboral.

“No podemos renunciar a la posibilidad de pensar una sociedad de plenos derechos, donde el trabajo siga siendo el elemento que ordene la vida individual y colectiva”, concluyó De Ponti.