Mientras la Cámara de Diputados dio un paso clave para recuperar la soberanía en las vías navegables del país, la Cámara de Puertos Privados Comerciales salió en defensa de un decreto del presidente Javier Milei que favorecía la desregulación absoluta del transporte por agua. Lejos de representar el interés general, el comunicado de la entidad empresaria expone la lógica de un sector que durante décadas se benefició del debilitamiento del Estado en el control de su infraestructura estratégica.
La entidad, que agrupa a grandes operadores portuarios –muchos vinculados a empresas exportadoras y multinacionales–, calificó de “retroceso” la derogación del DNU 340/2024 que se aprobó en la cámara baja ayer.
En el comunicado emitido este jueves, destacaron que el decreto mencionado permitiría potenciar “el uso de ríos y mares, rutas naturales que no requieren grandes Inversiones públicas”, y agregaron que daría “alternativas a los exportadores e importadores de la utilización de diferentes vías de transporte”, haciendo hincapié en las bondades que ofrece el transporte marítimo por sobre el terrestre.
En ese sentido, desde la cámara sostuvieron que “la posición de los Diputados implica un retroceso en el proceso de revitalizar el sistema de transporte por agua” y señalaron que “esta medida generaba una mayor transparencia, dinamismo y previsibilidad en la operatoria logística, lo que significaba un incentivo para mayores inversiones en el interior”.
Lo que no dice el documento es que ese decreto, redactado a la medida del sector, ponía en riesgo la flota fluvial nacional, atacaba las condiciones laborales de los trabajadores embarcados y consolidaba un esquema de concentración privada sin precedentes.
Así, en nombre de la “competitividad logística”, los puertos privados se oponen a una decisión soberana del Congreso y atacan las instituciones de la República. Tampoco mencionan el desmantelamiento de la marina mercante, ni el drenaje de divisas que supone el uso de buques extranjeros para mover la producción argentina.