La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados le dio dictamen a la modificación de la ley de alquileres. En ese marco, se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño (Identidad bonaerense).

La discusión giró en torno a realizar cambios en los principales lineamientos de la ley 27.551, sancionada en junio de 2020. El dictamen de mayoría refuerza la ley actual y no altera el plazo mínimo de tres años de locación, ni el ajuste anual de la manera que se estableció.

En primer lugar, tomó la palabra el diputado Álvaro González (PRO) que explicó que el dictamen de Juntos por el Cambio “retoma requerimientos que hicieron distintos actores del mercado inmobiliario, tanto el plazo como los índices son temas centrales que la mayoría de los que han expuesto han hecho mención”.

En ese sentido, explicó que la modificación “era la forma más fácil y más rápida de llegar a una solución para un problema que atraviesa a muchísimos argentinos”.

Por su parte, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), consideró que “la ley 27.551 generó muchos inconvenientes y terminó estigmatizando la actividad en lugar de promoverla”. “Nuestro proyecto, que lo vamos a incluir en un dictamen que va a presentar Graciela Camaño, incluye medidas que vienen a corregir las trabas que incluyó la 27.551 e incluye medidas para incentivos fiscales”, dijo.

Entre otros puntos, explicó que los cambios propuestos implican volver al plazo de dos años de contrato y “un ajuste donde las partes negocien libremente incrementos escalonados” con un tope según los índices de precios.

Desde el Frente de Todos, Daniel Arroyo propuso continuar con el plazo de los tres años de la ley vigente, al considerar que “es un plazo que ayuda a los inquilinos, sobre todo en el proceso de renovación”. También defendió “la necesidad de tener un índice de actualización con parámetros objetivos como tenemos hoy” y “la necesidad de incorporar incentivos para que haya más viviendas y departamentos en alquiler”.

“Mi mirada es que hay que mantener un equilibro entre Estado y mercado. Es una ley que tiene poco tiempo de duración, se ha dado en medio de una pandemia y claramente en un contexto inflacionario”, explicó.

Por su parte, el diputado Martín Tetaz, de Evolución Radical, manifestó que le “gustaría hacer una regulación que fuera la menor posible, que simplemente no pusiera trabas al acceso al mercado: yo voy a estar de acuerdo con aquellas medidas que destraben el acceso a la vivienda”.

La diputada Gisela Marziotta, del Frente de Todos, remarcó que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución, por lo cual tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado para su cumplimiento y no dejarlo librado a la mano invisible del mercado como viene haciéndose 1976”.

“La ley actual es muy buena, pero no se cumple. El problema es el abuso del mercado inmobiliario respecto de una necesidad tan básica como la vivienda”, dijo Marziotta.