Cinco efectivos del Comando Radioeléctrico y un integrante de la Guardia de Infantería pertenecientes a la Unidad Regional I de Santa Fe están siendo investigados por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 17 de enero en la ciudad de Santa Fe. 

El fiscal Ezequiel Hernández reveló que los policías realizaron un desvío para cargar combustible mientras trasladaban a la víctima, quien ya se encontraba prácticamente inconsciente tras la golpiza recibida durante su detención.

Según explicó el fiscal en declaaraciones de Aire de Santa Fe, las imágenes de las cámaras de seguridad de una estación de servicio YPF ubicada sobre calle J. J. Paso muestran que el patrullero llegó hasta ese lugar antes de dirigirse a Medicina Legal. "Se lo ve al joven prácticamente inconsciente", afirmó Hernández, quien cuestionó la conducta de los efectivos durante todo el procedimiento.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó cuando vecinos de barrio Yapeyú alertaron a la Policía porque González, de 35 años de edad, corría y gritaba en la vía pública luego de haber consumido estupefacientes. 

El fiscal sostuvo que, una vez reducido y esposado, los agentes comenzaron a golpearlo y a ejercer presión con sus rodillas sobre el tórax y el abdomen, pese a que sus familiares les advirtieron que había sido sometido recientemente a una cirugía en esa zona.

Tras cargar combustible, los policías llevaron al detenido a Medicina Legal, donde una médica constató lesiones, aunque no dispuso su traslado a un hospital. Posteriormente fue llevado a la comisaría octava, donde, según la acusación, fue dejado solo, inconsciente y acostado boca arriba. Hernández indicó que González terminó muriendo por asfixia al ahogarse con su propio vómito.

Los cinco efectivos del Comando Radioeléctrico fueron imputados por el delito de tortura seguida de muerte, una figura que contempla una pena de prisión perpetua, mientras que el integrante de la Guardia de Infantería fue acusado por las agresiones cometidas durante el inicio del procedimiento y enfrenta una expectativa de pena de entre dos y seis años de prisión.