Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada por la Policía Federal Argentina (PFA) luego de una investigación que se extendió durante varios meses y culminó con siete allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Tucumán. 

Como resultado del operativo, fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas.

La investigación se inició en agosto de 2025, cuando efectivos del Departamento Trata de Personas detectaron en la Terminal de Ómnibus de Retiro a dos mujeres provenientes de Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente denunciado por su familia. A partir de la aplicación del Protocolo de Alerta Temprana y de las entrevistas realizadas por especialistas, los investigadores determinaron que la joven había sido captada mediante una falsa oferta laboral y trasladada a Buenos Aires para ser explotada sexualmente.

El análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y distintas tareas de inteligencia permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización. Según la investigación, una mujer actuaba como captadora en Tucumán, seleccionando a víctimas en situación de vulnerabilidad, mientras que un hombre se encargaba de trasladarlas hacia la Ciudad de Buenos Aires. Allí eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario, modalidad utilizada para dificultar los controles y evitar ser detectados.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y uno en la ciudad tucumana de Yerba Buena. 

Durante los operativos fueron detenidas tres mujeres (dos de nacionalidad colombiana y una argentina) y dos hombres venezolanos. Además, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa. 

Los cinco acusados quedaron a disposición de la Justicia, imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.