Por estar involucrado en al menos 7 crímenes en la ciudad de Rosario, un joven de 28 años de edad recibió una condena a 50 años de prisión efectiva.

Este  viernes, el tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Trinidad Chiabrera, Paula Álvarez y Silvana Lamas González homologó un procedimiento abreviado y condenó a Andrés "Andy" Benítez, de 28 años de edad, a la pena única, total y máxima de 50 años de cárcel, el tope establecido por el sistema penal argentino.

La condena fue acordada entre la Fiscalía y la Defensa, y alcanza una extensa lista de delitos cometidos entre 2021 y 2023, en su mayoría vinculados a hechos de violencia extrema, homicidios, tentativas de homicidio, extorsiones, abuso de armas y lesiones, muchos de ellos agravados por el uso de armas de fuego y la participación de menores de edad.

Entre los delitos por los que fue condenado se incluyen homicidios consumados y en grado de tentativa, lesiones leves y graves agravadas, extorsión doblemente agravada, abuso de armas y homicidios calificados, varios de ellos en carácter de instigador. Las víctimas fatales identificadas en la causa son Maximiliano González, Vicenta Muñoz, Williams Ríos, Gonzalo Contreras, Sergio Leguizamón, César Roldán e Iván Romero, entre otros hechos violentos.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales Marisol Fabbro y Alejandro Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional, quienes atribuyeron a Benítez, junto a otros imputados, personas fallecidas, prófugos y menores de edad, haber integrado y liderado una asociación ilícita que operó principalmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros de la ciudad de Rosario.

Según la acusación, la organización criminal tenía como objetivo controlar territorios para el desarrollo de actividades ilícitas, especialmente la venta de estupefacientes, y excluía a bandas rivales mediante homicidios, balaceras, amenazas y extorsiones a comerciantes y vecinos. Se contabilizaron casi 40 hechos extorsivos, muchos de ellos acompañados por ataques armados.

Benítez ejercía el liderazgo de la organización desde su lugar de detención, principalmente en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, desde donde impartía órdenes a través de teléfonos celulares, coordinaba atentados armados, extorsiones y homicidios, y administraba la logística delictiva, incluyendo el uso de armas de alto poder y vehículos. Parte del material probatorio clave fue el secuestro de teléfonos celulares en requisas realizadas en el penal.

La estructura criminal funcionó, al menos, desde julio de 2021 y continúa siendo investigada, ya que se presume que forma parte de una organización de mayor envergadura. La sentencia representa una de las condenas más severas dictadas en la provincia en el marco de causas por violencia altamente lesiva y crimen organizado.