El gobierno provincial adhirió a la ley nacional de emergencia alimentaria y social, aprobada por unanimidad por el Senado de la Nación el 18 de septiembre.

Así, mediante un decreto del gobernador, Miguel Lifschitz, se encomienda a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía, y Gobierno y Reforma del Estado a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina.

Además, supone la creación de una comisión de seguimiento y control de esas acciones, la cual estará integrada por representantes de las distintas carteras ministeriales y coordinadas por el ministro D esarrollo Social, Jorge Alvarez.

Este funcionario deberá convocar a las organizaciones o entidades de la sociedad civil que estime adecuadas a efectos de integrarla y colaborar con su misión de seguimiento y control.

Los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial, en tanto, deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.

Reclamo

En el decreto, Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos clave para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social.

"Durante el 2018 el gobierno nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública", remarcó y puntualizó que "frente a tal situación, y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos".

En materia de salud, destacó que el "Estado nacional llevó adelante un vasto recorte en las coberturas para drogas oncológicas, aquellas relacionadas con diálisis y a su vez en lo relacionado con los traslados para personas con discapacidad, lo cual conllevó a que la provincia invirtiera la suma de quinientos millones adicionales en esa jurisdicción".

A pesar de esta coyuntura, Lifschitz aseguró que el gobierno provincial cuenta con los recursos para garantizar la cobertura de los programas sociales y de salud durante los próximos cuatro meses.

A raíz de esto, el decreto sostiene que "deviene imperioso continuar con la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, requiriendo respuestas multidimensionales y urgentes por parte del Estado provincial".

La capital