Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación propone prohibir durante cinco años la importación de indumentaria y artículos textiles usados en Argentina para su comercialización. 

La iniciativa contempla una única excepción para las donaciones con fines sociales, que deberán cumplir estrictos requisitos de control y trazabilidad. La propuesta se fundamenta en dos aspectos principales. Por un lado, el impacto que el ingreso masivo de ropa usada podría generar sobre la salud pública y las consecuencias económicas que tendría para la industria textil y de la confección nacional, un sector que atraviesa dificultades en un contexto de caída del consumo y fuerte competencia externa.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y ya fue girada a las comisiones de Industria y Economía para su tratamiento.

El legislador sostiene que la creciente llegada de prendas usadas desde el exterior está afectando la competitividad de talleres, fábricas y comercios locales, al presionar los precios internos a la baja.

Entre los fundamentos del proyecto se advierte que las prendas de segunda mano pueden transportar bacterias, hongos, parásitos o residuos químicos difíciles de detectar mediante los controles habituales, especialmente cuando ingresan en grandes volúmenes.

Además, la iniciativa plantea reparos desde el punto de vista ambiental. Según se argumenta, muchas de las prendas importadas contienen fibras sintéticas que liberan microplásticos durante su uso y lavado, contribuyendo a la contaminación y generando residuos de difícil reciclaje.

El proyecto cita datos que indican que durante 2025 ingresaron al país más de 4,6 millones de kilos de ropa usada, un volumen que, según sus impulsores, genera una situación de competencia desigual para la industria nacional.