La decisión será analizada en una Asamblea Legislativa que evaluará la aplicación de una suspensión de tres meses sin goce de sueldo para la funcionaria judicial.

Oggero, enfermera del Hospital Centenario, había realizado numerosas denuncias contra su ex pareja, Jonathan Omill, por hechos de violencia y hostigamiento. Sin embargo, según sostiene su familia, esas presentaciones no tuvieron el tratamiento adecuado y la situación culminó con el asesinato de la joven en febrero de 2025, cuando salía de su vivienda del barrio Belgrano para dirigirse a trabajar.

Desde entonces, los familiares de la víctima cuestionan el accionar de la fiscalía y aseguran que las advertencias realizadas por Oggero no fueron atendidas a tiempo.

Tras el crimen, Omill fue detenido e imputado por delitos vinculados a la violencia de género ejercida contra la víctima, aunque no por el femicidio. Posteriormente, en un juicio abreviado, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por esos hechos.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato continúa sin avances determinantes. Entre las principales hipótesis que maneja la Justicia se encuentra la posible participación de Omill en el crimen, aunque tampoco se descarta la existencia de un instigador y un autor material distinto.

La resolución que adopte la Asamblea Legislativa podría marcar un precedente en torno a la responsabilidad de los funcionarios judiciales en el tratamiento de denuncias por violencia de género.