El juez de primera instancia, Dr. Bilbao Benítez, tuvo por formalizada la imputación y ordenó prisión preventiva efectiva para todos los acusados por el plazo de ley, es decir dos años o hasta el juicio, con posibilidad de prorrogarla por un año más.

Los fiscales atribuyeron distintos hechos delictivos a los agentes Gisela Lorena N., Luis Alberto P., Brian Facundo P., Jaquelina R., Melani Rocío P., Marcelo Gabriel B., María Eva T., Gastón M., Agustina M. y Stella Maris C. Entre los delitos imputados se encuentran falsedad ideológica, allanamiento ilegal, robos agravados por la condición de funcionarios públicos, amenazas, amedrentamiento, abuso de autoridad y privaciones ilegítimas de la libertad.

Los hechos describen ingresos sin orden judicial a viviendas, sustracción de dinero y pertenencias, golpes, amenazas a adultos y menores, elaboración de actas con datos falsos y maniobras para encubrir procedimientos irregulares.

Según la acusación, algunos de los episodios más relevantes son:

7 de abril de 2024: dos de los imputados habrían falseado un acta de procedimiento durante un operativo en calle Esquivel al 1300, donde además se habrían llevado dinero en efectivo y elementos personales de los moradores.

16 de octubre de 2024: un grupo de agentes ingresó a una vivienda de Larrechea al 1900 sin autorización, registró el lugar, sustrajo dinero y celulares, e interrogó a un menor de edad, a quien también habrían golpeado.

5 y 15 de noviembre de 2024: en una chatarrería de Salvat al 2600, diferentes agentes realizaron ingresos reiterados sin orden judicial, exigieron información a los moradores, los amedrentaron y separaron a menores de sus familiares.

14 y 15 de noviembre de 2024: en una vivienda de Laguna al 3100, los imputados intentaron ingresar sin motivo legal, amenazaron al morador y finalmente entraron por la fuerza, de acuerdo a la denuncia, llevándose dinero y el DVR de las cámaras de seguridad.

5 de noviembre de 2024: un grupo del Tercio “BETA” del Comando Radioeléctrico habría accedido a una vivienda de Virasoro al 3700 utilizando una llave real hallada en el lugar y forzando otra puerta, de donde se habrían llevado dinero y objetos de valor.

18 de noviembre de 2024: dos agentes ingresaron sin orden judicial a una casa de Baigorria al 3100 y sustrajeron cerca de $800.000, un celular y un pendrive.

2 de diciembre de 2024: uno de los imputados habría firmado un acta con datos falsos sobre la aprehensión de dos jóvenes, tras ingresar sin autorización a una vivienda para secuestrar un arma y justificar la detención.

15 de diciembre de 2024: cinco agentes fueron acusados de ingresar a una vivienda de Avellaneda al 6900, donde golpearon a un hombre, le colocaron una bolsa en la cabeza, sustrajeron dinero y pertenencias y luego lo trasladaron detenido a la comisaría.

17 de diciembre de 2024: una agente ingresó sin autorización a una vivienda de calle Cabal 1600 bis, registró pertenencias y confeccionó un acta con información falsa sobre un hecho de violencia de género.

El 3 de enero, los fiscales Caterina y Bartocci ampliaron la imputación contra varios de los agentes involucrados, sumando delitos como falso testimonio agravado, portación ilegítima de arma de fuego, hurto calificado y daños, entre otros.

Los investigadores sostienen que los hechos constituyen una serie de intervenciones ilegales y coordinadas en distintos barrios de Rosario, aprovechando la función policial para ingresar a domicilios, obtener dinero y objetos de valor, y justificar procedimientos con actas falseadas.