Desde el gremio argumentan que los despidos – 47 en esta última tanda – se suman a otros anteriores, y que la empresa no solo no ha abonado los salarios correspondientes, sino que también propuso pagos parciales e indemnizaciones dilatadas. Estas condiciones, señalan los trabajadores, profundizan la vulnerabilidad de sus familias y agravan el desgaste emocional de quienes esperan una solución.

El trabajador encadenado buscó visibilizar el conflicto ante la comunidad, llamar la atención del empresariado y generar presión social y mediática. Por su parte, la empresa no se ha pronunciado oficialmente sobre esta medida de fuerza extrema, ni sobre su disposición a reanudar el diálogo bajo condiciones que garanticen derechos.

El conflicto en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente. Las plantas operan por debajo de su capacidad, con ventas retraídas y una competencia feroz con productos importados que deterioran los márgenes de rentabilidad de las empresas locales.

El encadenamiento marca un punto de inflexión en las protestas: simboliza que algunos trabajadores están dispuestos a elevar el costo emocional de su reclamo para forzar una mirada diferente sobre su situación. La atención ahora se centra en si la empresa cederá, si el Estado intervendrá con mediación, y si la próxima audiencia puede concretar avances reales para poner fin al conflicto.