La transición en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Rosario derivó en fuertes denuncias por parte de la nueva conducción. Tras imponerse en las elecciones, Marcelo Leiva acusó a la gestión saliente de César Aybar de haber dejado al gremio “en la ruina”, con una situación financiera crítica que, según afirmó, impide dar respuesta a necesidades básicas de los afiliados.
Leiva aseguró que, al asumir, se encontraron con un escenario muy distinto al que había sido comunicado públicamente. “El 7 de diciembre nos dijo que dejaba un gremio sin deudas ni juicios. Al otro día nos encontramos con un desastre: después de 12 años de gestión nos dejó solo dos millones de pesos. Eso es una burla para un sindicato que administra los aportes de 360 trabajadores”, sostuvo.
La acusación más grave apunta a la desaparición de fondos inmediatamente después de los comicios del 12 de diciembre. Según el dirigente, depósitos realizados por empresas portuarias de Rosario “desaparecieron en dos días” tras el triunfo de la lista opositora. “Fuimos al banco y la plata no estaba. Se la llevó”, denunció sin rodeos.
La falta de recursos tiene un impacto directo en los trabajadores y sus familias. El SUPA Rosario se encuentra en plena campaña de entrega de útiles escolares, pero la parálisis administrativa y la ausencia de fondos impiden concretar las compras. “Nuestro trabajo hoy es entregar los útiles y no tenemos un centavo. Nos dejó en la ruina, pero no a la comisión directiva, sino a la gente”, remarcó Leiva.
A este cuadro se suma la falta de respuestas oficiales. Desde la nueva conducción señalaron que intentaron regularizar la situación institucional en la Secretaría de Trabajo, pero se encontraron con un bloqueo administrativo. “Nos cerraron la puerta en la cara”, afirmó el dirigente, al describir el escenario que atraviesan desde su asunción.
Pese a la gravedad de las denuncias, Leiva aclaró que por el momento no impulsarán medidas de fuerza que afecten la actividad portuaria. No obstante, adelantó que avanzarán por la vía judicial y reclamarán una auditoría integral para determinar el destino de los fondos y acelerar la certificación de autoridades que les permita tomar el control efectivo de un gremio que hoy definen como “vaciado”.