La promesa de reactivación de la histórica Refinería San Lorenzo, propiedad de YPF, comenzó con el pie izquierdo para los trabajadores locales. A pesar del anuncio oficial que promete la creación de mil puestos de trabajo, la realidad inmediata es el despido: la empresa de seguridad Securión informó la rescisión de contrato de siete vigiladores a fin de mes.

La noticia detonó un conflicto inmediato con el Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada (SUTRAVIP), que ya inició protestas frente a la vieja destilería y confirmó un plan de lucha a partir del lunes exigiendo la reincorporación inmediata.

Cristian Rodríguez, secretario general de SUTRAVIP, fue tajante al defender la continuidad laboral, independientemente del cambio de firmas contratistas.

Rodríguez envió un mensaje directo a los nuevos actores políticos que operan en el predio: “No vamos a permitir que venga ningún acomodado a decir quién puede y quién no puede trabajar”.

Las sospechas del gremio apuntan a movimientos políticos detrás del cambio de prestadora. Según trascendió, la empresa Security Group sería la encargada de desembarcar para custodiar el patrimonio de YPF y su nuevo socio, Essential Energy.

La confirmación de su retorno al ruedo empresarial la dio el propio Chumpitaz con un tono que no cayó bien en el sector gremial. Días atrás, apenas finalizado su mandato legislativo, publicó en sus redes sociales: “Ya trabajando en mi empresa, vuelve 'El vendedor pitbull'”.

Mientras el ex legislador celebra su perfil agresivo para los negocios con el apodo de "Pitbull", en los portones de la refinería la variable de ajuste parecen ser los trabajadores, que denuncian que este estilo de gestión empresarial comienza dejando a siete familias en la calle.

Security Group no es desconocida en la región: ya operó en la Cooperativa Portuaria durante la intervención judicial de 2019, bajo la gestión nacional de Mauricio Macri. SUTRAVIP señala que Chumpitaz, quien mantiene línea directa con la ministra Patricia Bullrich, busca retomar el control de negocios de seguridad en el cordón industrial tras su fallido paso electoral en la provincia.

La figura de Chumpitaz genera resistencia en el ámbito laboral. Se recuerda un fallo judicial de 2021 en su contra, donde fue condenado a indemnizar a un empleado de su empresa privada que había sido despedido sin causa y con registro laboral deficiente en 2010.

Este retorno a la actividad privada coincide con un duro revés político. Tras años de ocupar cargos públicos y aspirar a la intendencia de Rosario con un discurso de "mano dura", Chumpitaz tuvo un desempeño electoral marginal en los últimos comicios, no logrando superar los 8.000 votos en toda la provincia, quedando incluso por debajo de partidos vecinales menores.

El conflicto gremial estalla en vísperas de una transformación histórica. YPF anunció una inversión de 400 millones de dólares para reconvertir la planta —inactiva desde 2018— en Santa Fe Bio.

El proyecto, que utiliza tecnología de última generación de Honeywell, busca producir combustibles sostenibles de aviación (SAF) y Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO) para exportación, aprovechando la cuenca sojera de la región. Sin embargo, para los vigiladores, la "biorefinería del futuro" comenzó mostrando las viejas prácticas del pasado: despidos y precarización.