La resolución central del cuerpo de secretarios generales consistió en la designación de Daniel Daporta, actual secretario general adjunto a nivel nacional y máximo referente de la populosa Seccional Avellaneda, como Delegado Administrador nacional de la entidad. Esta jugada política busca que el gremio mantenga su normal funcionamiento operativo, preservando la firma institucional, la administración de las cajas gremiales y el control directo de las sedes frente al intento de desembarco del interventor designado por los tribunales, el abogado Alberto Biglieri. Desde la UOM recalcaron que no permitirán bajo ningún concepto un bache de poder que congele los beneficios sociales de los trabajadores o paralice la representación de las comisiones internas en las fábricas.

En paralelo a la designación de Daporta para la conducción administrativa de contingencia, los dirigentes metalúrgicos ratificaron un amplio plan de movilización que federalizará la protesta en los principales centros industriales de la Argentina. Las seccionales, incluyendo los bastiones de Rosario, Córdoba, el Conurbano bonaerense y Villa Constitución, ya se declararon en estado de alerta permanente y avanzan con asambleas informativas en los portones de las plantas siderúrgicas y metalmecánicas. El objetivo de las bases gremiales es preparar columnas masivas para el 9 de junio que confluirán en una gran marcha hacia el microcentro porteño, puntualmente al Palacio de Tribunales, para denunciar una maniobra de intromisión que consideran impulsada por sectores políticos y empresariales con el fin de debilitar al gremio en plena discusión paritaria.

La declaración firmada por el secretariado reafirmó además los equipos de representantes paritarios para que las negociaciones salariales en curso no sufran interrupciones ni dilaciones debido a las presiones judiciales. La mesa directiva de la UOM concluyó advirtiendo que esta disputa trasciende las fronteras del gremio metalúrgico y representa un ataque directo al modelo sindical argentino, ya que vulnera la soberanía del voto de los afiliados. Con la ratificación interna del esquema de autoridades transitorias y la logística de movilización nacional ya en marcha, el sindicato plantó bandera frente al Gobierno y la Justicia, asegurando que responderán a la intervención judicial con mayor presencia en las calles y organización interna.