El secretario adjunto de la CGT Rosario y secretario general del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) local, Martín Lucero, salió al cruce de la medida con definiciones tajantes sobre el verdadero trasfondo de la iniciativa de la Casa Rosada. El dirigente santafesino sostuvo sin rodeos que “la modernización de la reglamentación laboral no es ni más ni menos que otro avance más en contra de las organizaciones sindicales”, señalando de forma directa que el nuevo entramado normativo dictado por el Ejecutivo nacional “busca limitar sus funciones, cercenar herramientas, acotar los esquemas de representación” en los diferentes sectores productivos.

Lucero detalló las consecuencias prácticas y cotidianas que este decreto tendrá sobre la vida interna de las organizaciones, advirtiendo sobre un escenario de asfixia operativa. El referente de la central obrera local explicó que a partir de esta reglamentación las comisiones internas se van a encontrar con que es mucho más complejo y burocrático realizar los aportes y contribuciones mensuales a las entidades. Asimismo, alertó que los delegados de base verán reducidas sus posibilidades reales de interactuar y deliberar con sus compañeros y con sus propias conducciones gremiales, quedando las estructuras expuestas a un permanente y arbitrario escrutinio estatal que facilitará los mecanismos para quitarles la personería gremial ante cualquier conflicto.

Para el titular de SADOP Rosario, la estrategia del Poder Ejecutivo persigue un fin estrictamente corporativo: intervenir solapadamente en el funcionamiento de los sindicatos para debilitar su posición paritaria y así presionar en favor de mayores ventajas e índices de rentabilidad para quienes manejan el capital concentrado en la Argentina, sector para el cual, según denunció, gobierna la actual gestión nacional. En un tono de abierta confrontación, Lucero reafirmó el estado de alerta del cordón industrial, señalando que continuarán convocando a la resistencia activa y exigiendo responsabilidad a los legisladores. Hacia el cierre, el dirigente extendió sus críticas al plano provincial, rechazando de forma enérgica el apoyo político que el gobierno de Santa Fe le brindó al presidente Javier Milei para viabilizar estas reformas, ironizando: "el gobernador se está acordando bastante tarde de que su principal obligación constitucional debe ser defender el empleo y el salario de los trabajadores santafesinos".