A través de una nota de opinión, la dirigente sindical expresó su preocupación por la decisión del Ejecutivo provincial de poner en funcionamiento un sistema que, según la información oficial, será administrado por una empresa privada del Grupo Werthein y tendrá a su cargo el control médico, el seguimiento de licencias, la atención de accidentes laborales, la provisión de medicamentos y la confección de carpetas de ingreso para unos 150 mil trabajadores estatales.

"El Gobierno presenta esta iniciativa como una herramienta para mejorar la atención y reducir el ausentismo. Sin embargo, nos preguntamos: ¿se pretende cuidar la salud de quienes sostenemos diariamente las escuelas? ¿O el objetivo es controlar las consecuencias de políticas que vienen deteriorando sistemáticamente las condiciones de trabajo?", planteó Monteverde.

La representante gremial sostuvo que el análisis sobre el ausentismo no debe limitarse a la cantidad de licencias médicas, sino abordar las causas que afectan la salud de los trabajadores. En ese sentido, enumeró factores como los salarios insuficientes, el pluriempleo, la sobrecarga administrativa, los problemas edilicios, las situaciones de violencia en las escuelas, el deterioro de la cobertura de IAPOS, las modificaciones previsionales y la implementación del presentismo.

Además, afirmó que investigaciones de CTERA muestran que muchos docentes concurren a trabajar aun cuando necesitan reposo médico por temor a perder parte de sus ingresos. "Cuando enfermarse implica un castigo económico, la licencia deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio al que muchas y muchos trabajadores renuncian para sostener sus ingresos", señaló.

Monteverde también cuestionó la tercerización del sistema de salud laboral. "Cuando el control sustituye al cuidado, el derecho corre el riesgo de quedar subordinado a objetivos de reducción numérica del ausentismo, sin observar y abordar las causas", expresó.

Finalmente, sostuvo que las políticas de prevención deberían orientarse a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la cobertura de IAPOS, reconocer las enfermedades profesionales y recomponer los salarios. "La educación pública necesita docentes reconocidos y con condiciones laborales dignas. No necesita trabajadores vigilados ni sistemas que transformen la enfermedad en un indicador de productividad", concluyó.