El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la delegación de facultades  para otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales, en el marco de la Ley N° 17.520. 

La medida alcanza a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

A través del decreto 253/26, el Ejecutivo habilitó a estas jurisdicciones a licitar, adjudicar y firmar contratos para la administración, mantenimiento, ampliación y conservación de corredores viales bajo el sistema de peaje, ya sea mediante empresas privadas, mixtas o entes públicos.

La norma establece que esta delegación será de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y aclara que en ningún caso implica la cesión del dominio público ni la pérdida de jurisdicción federal sobre las rutas, que seguirán siendo propiedad del Estado nacional.

Para avanzar con este esquema, las provincias deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos involucrados, los plazos de concesión, que no podrán superar los 30 años, los planes de obra, el esquema de financiamiento y las condiciones tarifarias.

Además, será obligatorio garantizar principios como la transparencia, la competencia entre oferentes y una razonabilidad en las tarifas de peaje, así como el equilibrio económico-financiero de los contratos.

El control y la supervisión de las concesiones estarán a cargo de Vialidad Nacional, mientras que la aprobación final de los convenios dependerá de la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El decreto también fija plazos concretos: las provincias deberán convocar a licitación dentro del año posterior a la firma del convenio, y adjudicar y firmar los contratos en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la adjudicación.