La
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones de reforma tributaria formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y reclamó la puesta en marcha de un nuevo Consenso Fiscal que aborde los problemas estructurales del sistema impositivo subnacional.
A través de un comunicado, la entidad cuestionó la propuesta del organismo internacional de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender el alcance del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y modificar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.
Según CAME, estas medidas tienen un carácter regresivo porque trasladan la carga tributaria hacia los trabajadores, los pequeños contribuyentes y el consumo interno, sin atacar los impuestos que, a su criterio, representan los principales obstáculos para la inversión, la producción y la generación de empleo formal.
“La reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI”, sostuvo la organización empresaria, al tiempo que advirtió que una mayor presión sobre los ingresos de los asalariados reduciría el poder adquisitivo y afectaría la demanda interna.
La entidad señaló que el verdadero problema tributario se encuentra en el ámbito provincial y municipal, especialmente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y en diversas tasas locales que gravan la actividad económica independientemente de la rentabilidad de las empresas.
En ese sentido, remarcó que el sistema actual genera una fuerte carga sobre el sector productivo debido al efecto cascada de Ingresos Brutos y a los regímenes de retenciones y percepciones que, según denunció, suelen generar saldos a favor difíciles de recuperar.
CAME afirmó que estos mecanismos funcionan, en los hechos, como un financiamiento involuntario de las empresas al Estado provincial, ya que los reintegros pueden demorarse entre uno y tres años, perdiendo gran parte de su valor real por efecto de la inflación.
Frente a este escenario, la entidad propuso convocar a un nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios, con el objetivo de armonizar las bases imponibles, simplificar los regímenes de recaudación y establecer plazos obligatorios para la devolución de saldos a favor.
Además, planteó avanzar hacia una reforma profunda de Ingresos Brutos, eliminando su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrando el gravamen en la venta final al consumidor, con el objetivo de reducir distorsiones y mejorar la competitividad.
Para CAME, una reforma orientada a aumentar la recaudación mediante mayores cargas sobre los salarios y el consumo no contribuirá a generar empleo ni a reducir la informalidad. Por el contrario, advirtió que podría profundizar la caída de la demanda interna y agravar las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.